Connotationem legalis: FUNDAEGRESADOS SLC et collectivum graduati libradunos

 

A continuación transcribo el concepto jurídico que nuestro exrector y asociado honorario abogado Ramón Ignacio Ateohortúa Cruz, emitió el 22 de junio del 2017:

 

CONCEPTO        

La Ley 115 de 1994, define la comunidad educativa, constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. Se compone, entre otros, de:

 

“1.- …

5.- Un representante de los exalumnos de la Institución”.


La ley deja al decreto, el establecimiento de la reglamentación correspondiente que “asegure la participación de cada uno de los estamentos que lo integran y fije el período para el cual se elegirán”.

El Decreto 1860 de 1994 establece en el numeral 5º del artículo 21º, que trata sobre la composición del Consejo Directivo lo siguiente:


“5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes”.

 

Cuando el numeral 5º del artículo 21º, establece: “… de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, …”; se refiere claramente a la existencia previa de “Organizaciones”; haciendo referencia con respecto a las normas vigentes, aplicables para el caso, por analogía: “referencia a aquellas entidades que son creadas por individuos que comparten similares intereses y valores y que buscan lograr ciertos objetivos a través de la misma. En una organización, cada individuo cumple una función específica y especializada que tiene como finalidad la consecución de determinados resultados. En conjunto, tales funciones tienen que ver con acercarse al fin último de la organización y deben estar más o menos planeados y sistematizados para que se puedan observar los resultados esperados. Para su funcionamiento, deberá estar reconocida plenamente por la entidad que, conforme a las normas vigentes, tiene la facultad de expedirles su personería jurídica”. En virtud de ello, no es dable entender una cohorte o promoción determinada, que se reúne esporádicamente, en un encuentro como una Organización, por cuanto en ella no existen, los principios que regulan a una organización. 

De tal suerte que, las organizaciones tienen vida jurídica y están reglamentadas debidamente con estatutos reconocidos. No son entidades pasajeras, pues tienen responsabilidades y estabilidad mientras se cumpla con las normas que le regula. En Sentencia C-399/99 emanada de la Corte Constitucional, se ha definido:

“En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de asociación, -entendido como  el resultante de la acción concertada de varias personas que persiguen objetivos comunes de vinculación “para la realización de un designio colectivo” -, es un derecho constitucional reconocido por diversos tratados internacionales (Declaración  Universal de los Derechos Humanos, art. 20-2 ; Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art.22), que contiene en sí mismo dos aspectos complementarios :  uno positivo, - el derecho a asociarse-, y otro negativo, - el derecho a no ser obligado directa o indirectamente  a formar parte de una asociación determinada-, los cuales  son elementos del cuadro  básico de la libertad constitucional y  garantizan en consecuencia el respeto por la autonomía de las personas. En ese orden de ideas, el primer aspecto del derecho de asociación, - de carácter positivo- , puede ser descrito como la “facultad de toda persona para comprometerse con otras en la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado, de carácter social, cultural, político, económico, etc. a través de la conformación de una estructura organizativa, reconocida por el Estado”, capacitada  para observar los requisitos y trámites legales instituidos para el efecto y operar en el ámbito jurídico.  El segundo, de carácter negativo, conlleva la facultad de todas las personas de “abstenerse a formar parte de una determinada asociación y la expresión del derecho correlativo a no ser obligado, -ni directa ni indirectamente a ello-, libertad que se encuentra protegida por los artículos 16 y 38 de la Constitución”. (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Por otro lado, el Articulo 20 del Decreto 1860 de 1994, en el último inciso, establece: 

“Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período”.

El Artículo 21 del mismo decreto, establece:

ARTICULO 21. INTEGRACION DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado por:


PARAGRAFO 2o. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes”.


En tal sentido, los actuales representantes del Consejo Directivo, están ejerciendo su período y solo podrán ser reemplazados en caso de vacancia para lo cual, la rectoría debe convocar para la elección con la debida anticipación.


Por último, debería revisarse el Manual de Convivencia, para establecer que dice al respecto, desafortunadamente, no tengo un ejemplar a mano. El Manual es vinculante a la Ley, porque se desarrolla conforme lo establece la norma”.